Por Magdalena Cabral, Abril Etchetto, Jasmijn Griffioen y María López
Este texto que se publica es parte del Proyecto de escritura de textos argumentativos de Prácticas del lenguaje de 3er año, llevado adelante por el profesor Esteban Chialva. Los alumnos, divididos en grupos, trabajaron editoriales y artículos de opinión con su formato pertinente en cuanto a estructura y recursos argumentativos. Luego cada grupo eligió libremente el tema sobre el que querían escribir.

A pesar de que en Argentina la pena de muerte no es una realidad, en otros países del mundo es usada para castigar tanto crímenes atroces, como asesinatos, violaciones, y otros que no deberían siquiera ser considerados como tales, como la homosexualidad o el ateísmo.

En Arabia Saudita se condenó a un joven de 13 años por participar en protestas contra el gobierno. China, por señalar otro caso, ejecuta miles de personas por año y no da a conocer cifras oficiales ya que guardan esta información como secreto de estado. El Medio Oriente, sin contar a Turquía, castiga la homosexualidad, el adulterio, y el abandono del Islam. Aunque no tenemos que irnos tan lejos para encontrarla, la mayoría de islas del Caribe utilizan la pena de muerte. También EE.UU, nuestros países hermanos de Chile, Brasil y Perú, condenan crímenes de guerra y traiciones a la patria con esta pena. A pesar de todo esto, según datos de Amnistía Internacional, más de la mitad del mundo ha abolido completamente esta modalidad. Regiones como América Latina en su mayoría, Europa sin contar a Bielorrusia, la Micronesia y toda Oceanía han eliminado ese castigo tan inhumano.

En el registro de ejecuciones de los últimos años, 2018 es el año en que menos ejecuciones se han dado.

Comparando dos de los países mencionados, Arabia Saudita y EE.UU, podemos ver que los casos de pena de muerte en el país norteamericano son por delitos atroces y graves como lo es un asesinato o un atentado, no como los de Arabia Saudita que por el simple hecho de estar en contra de los pensamientos políticos y religiosos del gobierno, la vida de alguien puede correr riesgo. En cambio, en Estados Unidos los casos son más severos para condenar a la pena capital. Aunque esto no justifica en nada el acto extremo que se está provocando.

Como dijo Marie Deans, familiar de una ejecutada: “La venganza no es la respuesta. La respuesta se basa en reducir la violencia, no ocasionar la muerte”.

Si bien los crímenes atroces nos causan indignación, pudor y un sentimiento de venganza, esto no es motivo ni justificación para aplicar semejante pena.

Aunque en algunos casos la pena de muerte puede llegar a ser una opción de castigo para criminales, ninguna persona tiene el derecho de decidir si otra va a seguir viviendo o no. ¿Cómo se va a castigar a una persona cometiendo el mismo delito por lo que se lo condena? Es decir, si matan a una persona para castigarla por un acto criminal, dejaría de ser un castigo y pasaría a ser violencia contra los derechos humanos de otras personas.

¿Quién tiene el derecho suficiente para privar de algo tan vital como es la vida? Al fin y al cabo todos somos humanos con los mismos derechos, y si le damos el poder a uno de nosotros de castigar con muerte a otro, se estarían apoyando casos de desigualdad de derechos. ¿Acaso esto no nos convertiría también en asesinos?

La justicia nunca es 100% limpia o ciega, hay veces que por motivos étnicos, raciales, sexistas o corrupción, gente inocente es condenada por crímenes que no cometió, como el caso de Donald Marshall Jr., condenado injustamente por un asesinato no cometido, viviendo más de una década en una celda por el hecho de ser un descendiente  indígena. En estos casos las personas que logran salvarse de esta cruel condena quedan marcadas por los recuerdos de esa dolorosa acusación y la incertidumbre de no saber si seguirán viviendo. Como estos hay incontables casos de inocentes incriminados, que luego de muertos, se descubrió que eran víctimas de la corrupción en las altas esferas. No solo es un juego sucio, que degrada a los perros verdugos que se encargaran personalmente de ejecutarla a cambio de un salario, si no que degrada también a la comunidad que la permite, la aprueba con su voto y paga los impuestos necesarios para mantenerla.